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Concejales de Wichita buscan impedir acuerdos de ICE con la policía local

WICHITA, Kansas.— 1 de octubre de 2026. Tres concejales de Wichita anunciaron que impulsarán una resolución para impedir que la policía municipal firme un acuerdo que le permita asumir determinadas funciones de control migratorio junto al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE.

La propuesta fue presentada públicamente durante una manifestación organizada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Kansas, ACLU, el martes 29 de septiembre en Riverside Park. Unas 100 personas asistieron, según el reportaje de KMUW y Kansas News Service.

Los concejales Mike Hoheisel, Maggie Ballard y Joseph Shepard expresaron su rechazo a los convenios conocidos como 287(g). Su anuncio corresponde a una iniciativa que planean someter a consideración, no a una prohibición ya aprobada.

Qué propone el grupo de concejales

La resolución buscaría impedir un acuerdo 287(g) entre ICE y el Departamento de Policía de Wichita. Según KMUW, la ACLU de Kansas y miembros de las comunidades inmigrantes participaron en su elaboración.

Wichita no tenía uno de estos convenios al momento del reporte, mientras que el condado de Sedgwick sí contaba con uno. La propuesta se dirige a la policía municipal y no fue presentada como una medida para cancelar el acuerdo del condado.

Durante su intervención, con apoyo de traducción al español, Shepard expresó que los inmigrantes pertenecen a Wichita y prometió respaldar a esa comunidad.

Qué son los acuerdos 287(g)

Estos convenios voluntarios permiten que agencias estatales o locales colaboren con ICE en determinadas tareas de aplicación de las leyes migratorias.

El programa contempla tres modalidades principales. El modelo de fuerza de tarea permite ejercer facultades migratorias limitadas durante labores policiales habituales. El modelo carcelario se concentra en identificar la situación migratoria de personas arrestadas, mientras que el de servicio de órdenes permite ejecutar órdenes administrativas de ICE.

El alcance de la participación local depende de la modalidad del convenio; no todos los acuerdos autorizan las mismas funciones.

Preocupación por la confianza de los inmigrantes

Micah Kubic, director ejecutivo de la ACLU de Kansas, sostuvo que existe presión del gobierno federal para ampliar la participación de agencias locales. A su juicio, las comunidades deben expresar si desean que sus policías asuman esas tareas.

Kubic también cuestionó el modelo de fuerza de tarea por el riesgo de perfilamiento racial. Argumentó que una preparación insuficiente en materia migratoria puede propiciar intervenciones basadas en la apariencia de las personas.

La periodista y defensora comunitaria Claudia Amaro destacó consecuencias que, dijo, trascienden a quienes son detenidos: temor a solicitar servicios, incertidumbre familiar y deterioro de la confianza en las instituciones.

Amaro defendió que los residentes puedan pedir ayuda o denunciar delitos sin miedo.

Kobach defiende la cooperación con ICE

El fiscal general de Kansas, Kris Kobach, ha respaldado estos acuerdos como una herramienta de seguridad pública.

Según el reporte, durante una conferencia de prensa sobre un arresto por homicidio voluntario, Kobach afirmó que la cooperación local es importante para localizar a fugitivos extranjeros y manifestó que espera la incorporación de más condados.

Kubic rechazó esa justificación y sostuvo que no hay evidencia de que los convenios hagan más seguras a las ciudades. Esa afirmación forma parte de la postura de la ACLU frente al programa.

Operativos recientes intensifican el debate

La manifestación ocurrió después de un aumento de las acciones migratorias en el suroeste de Kansas.

El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que los operativos se dirigieron a personas con órdenes definitivas de deportación o antecedentes penales graves y negó que tuvieran como objetivo plantas procesadoras de carne.

El reporte también recogió versiones no confirmadas sobre detenciones en esas instalaciones. La propuesta en Wichita se suma a ese debate sobre el papel de las autoridades locales en la aplicación de las políticas migratorias federales.

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