SANTA TERESA, Nuevo México — La Suprema Corte de Nuevo México frenó temporalmente dos procesos relacionados con Project Jupiter, el multimillonario centro de datos en construcción en Santa Teresa, mientras aumentan los cuestionamientos sobre el agua que necesitará el complejo y sus posibles impactos ambientales.
En dos órdenes de emergencia emitidas de manera unánime, la máxima corte estatal intervino en controversias separadas relacionadas con el uso de agua durante la construcción y el proceso para obtener un permiso de calidad del aire.
Las decisiones no representan una orden para detener por completo la construcción de Project Jupiter. Sin embargo, ponen en pausa dos procesos importantes mientras la corte considera los argumentos de las partes involucradas.
Disputa por el agua
Una de las controversias surge de una autorización de emergencia para un pozo emitida por la Oficina del Ingeniero Estatal de Nuevo México en octubre de 2025.
El Centro para la Diversidad Biológica acudió a la Suprema Corte cuestionando esa autorización y el uso de agua subterránea para la construcción del complejo.
Con la orden temporal, el proyecto no puede continuar utilizando agua para la construcción a través de esa autorización de emergencia mientras se resuelve la controversia, según explicó el lunes la representante federal de Nuevo México Melanie Stansbury.
Stansbury destacó que la decisión fue unánime y aseguró que todavía existen interrogantes fundamentales sobre los derechos de agua del proyecto.
Según la congresista, su entendimiento, basado en conversaciones con personal estatal, es que Project Jupiter todavía no ha asegurado los derechos de agua necesarios para sus operaciones.
Esa afirmación no representa una determinación de la Suprema Corte sobre la legalidad del proyecto ni una conclusión definitiva sobre sus derechos de agua.
Stansbury dijo que tampoco está claro cuánto terminaría consumiendo Project Jupiter debido a que el diseño del complejo ha cambiado en diferentes ocasiones.
“No sabemos cuál podría ser el consumo de agua de Project Jupiter”, dijo Stansbury. “Ni siquiera tenemos claridad sobre qué es exactamente lo que están solicitando”.
La congresista señaló que conocer solamente el volumen de agua tampoco sería suficiente para determinar su impacto. La ubicación de los pozos, la fuente del agua y cualquier transferencia de derechos podrían modificar los efectos sobre los recursos hídricos de la región.
¿Quién decide sobre el agua?
Al ser cuestionada por Univision sobre qué autoridad tiene la capacidad de determinar si Project Jupiter puede obtener el agua necesaria para sus operaciones, Stansbury señaló directamente a la Oficina del Ingeniero Estatal.
“Al final del día, el Ingeniero Estatal de Nuevo México es la máxima autoridad que decide si se otorgará o no un permiso de agua para un uso industrial”, respondió.
Stansbury anunció además que está solicitando información al ingeniero estatal, al fiscal general Raúl Torrez, a autoridades ambientales y a la Comisión Interestatal de Corrientes de Nuevo México.
La congresista busca conocer qué derechos de agua posee el proyecto, qué permisos y transferencias ha solicitado, cuánto ha consumido durante la construcción y cuáles serían sus necesidades futuras.
Las agencias estatales tienen hasta el cierre de operaciones del viernes para responder a su oficina.
Segundo caso involucra calidad del aire
La Suprema Corte también intervino en una controversia separada relacionada con el permiso de calidad del aire que Project Jupiter busca para su sistema de generación de energía.
El proceso administrativo para evaluar ese permiso queda temporalmente suspendido mientras la corte considera los cuestionamientos planteados sobre el procedimiento.
Una audiencia pública estaba programada para comenzar el 14 de septiembre en Sunland Park.
La disputa ocurre después de cambios en la manera en que los desarrolladores planean generar la enorme cantidad de electricidad necesaria para operar el complejo. El proyecto contempla utilizar celdas de combustible alimentadas con gas natural, una propuesta que requiere autorización ambiental estatal.
Stansbury dijo estar preocupada no solamente por el agua, sino también por las emisiones, el impacto sobre el paisaje desértico, el ruido y la calidad de vida de las comunidades cercanas.
Sequía aumenta preocupación por disponibilidad de agua
Las controversias ocurren mientras Nuevo México enfrenta condiciones severas de sequía.
Stansbury señaló que durante este año el Río Grande en la zona de Albuquerque ha permanecido seco entre 80 y 100 días, lo que describió como el periodo de secado más prolongado registrado durante la era moderna.
La congresista también señaló niveles históricamente bajos de nieve y altas temperaturas como factores que aumentan las preocupaciones sobre la disponibilidad de agua a largo plazo.
La discusión sobre Project Jupiter se cruza además con las obligaciones de Nuevo México bajo el Pacto del Río Grande, el acuerdo que regula la distribución de agua del río entre Colorado, Nuevo México y Texas.
Según Stansbury, Nuevo México se encuentra bajo una orden que requiere reducir en más de 18,000 acres-pie el consumo de agua en la cuenca baja.
Su oficina está pidiendo a las autoridades estatales determinar si las necesidades de Project Jupiter podrían afectar la capacidad de Nuevo México para cumplir esas obligaciones y si podría existir algún impacto sobre compromisos internacionales de agua con México.
La construcción no ha sido paralizada
Pese al alcance de las órdenes, la Suprema Corte no ha ordenado detener completamente la construcción de Project Jupiter.
Las decisiones se concentran específicamente en el uso de agua mediante la autorización de emergencia cuestionada y en el proceso administrativo relacionado con el permiso de calidad del aire.
Los casos tampoco representan todavía una decisión final de la corte sobre si las autorizaciones fueron legales o sobre si Project Jupiter podrá eventualmente obtener los permisos necesarios.
Las partes involucradas deberán responder ante la Suprema Corte el próximo 2 de septiembre.
Las decisiones llegan en medio de un creciente escrutinio público sobre Project Jupiter, que durante el último año ha generado controversias sobre su consumo de agua y energía, posibles impactos ambientales, incentivos públicos y el proceso mediante el cual diferentes autoridades locales y estatales han considerado autorizaciones relacionadas con el complejo.
Stansbury dijo que el objetivo inmediato de su solicitud es obtener información pública que permita conocer con precisión qué ha sido autorizado y qué permanece pendiente.
“El agua es vida, el agua es cultura, el agua es nuestro lugar y el agua es esencial para todo lo que hace nuestra gente”, dijo la congresista al finalizar la conferencia.
Fuente original: Noticias El Paso
24 Aug, 2026
