Víctimas “en shock” por decisión de Biden de conmutar penas a juez de “niños por dinero” y a malversadora de US$ 54 millones

Las víctimas de importantes casos de corrupción pública en Pensilvania e Illinois están enojadas porque el presidente Joe Biden conmutó penas esta semana a dos funcionarios condenados.

Las conmutaciones fueron anunciadas el jueves como parte de un paquete histórico de clemencia para 1.500 delincuentes condenados que, según la Casa Blanca, “merecen una segunda oportunidad”.

Los dos funcionarios condenados cuyos casos provocaron indignación —un juez corrupto de Pensilvania y una notoria estafadora de Illinois— ya habían sido liberados de prisión anticipadamente y puestos bajo arresto domiciliario durante la pandemia de Covid-19. Las acciones de Biden de esta semana ponen fin a ese castigo.

El presidente ya ha enfrentado críticas por parte de ambos partidos por su controvertido indulto a su hijo Hunter Biden, quien fue condenado a principios de este año por 12 delitos fiscales y de armas.

Un funcionario de la administración Biden dijo a CNN que las últimas conmutaciones no fueron decisiones individuales sino que se trató de una decisión uniforme otorgada a personas que cumplían ciertos criterios, como tener un historial de buen comportamiento mientras estaban bajo arresto domiciliario.

El exjuez de Pensilvania Michael Conahan fue condenado en 2011 en lo que fue infamemente llamado el escándalo de “niños por dinero”, en el que habría recibido sobornos de centros de detención con fines de lucro a cambio de enviar erróneamente a jóvenes a sus instalaciones. El caso fue considerado como uno de los peores escándalos judiciales en la historia de Pensilvania.

Al igual que todas las otras casi 1.500 personas que recibieron conmutaciones de Biden esta semana, Conahan fue liberado de prisión debido al covid. Estaba previsto que su arresto domiciliario finalice en 2026.

La mala conducta de Conahan y de otro juez del condado de Luzerne llevó a la Corte Suprema de PensIlvania a anular 4.000 condenas juveniles, y se ordenó a los jueces estatales desacreditados pagar US$ 200 millones a las víctimas, según Associated Press.

Sandy Fonzo —la madre de Edward Kenzakoski, quien se suicidó tras haber estado en prisión como parte del esquema de sobornos— dijo que estaba “en shock y dolida” después de enterarse de la decisión de Biden de conmutar el resto del castigo de Conahan.

“Las acciones de Conahan destruyeron familias, incluida la mía, y la muerte de mi hijo es un trágico recordatorio de las consecuencias de su abuso de poder”, dijo Fonzo a Citizens’ Voice, un medio local. “Este indulto se siente como una injusticia para todos nosotros que aún sufrimos. En este momento estoy procesándolo y haciendo lo mejor que puedo para sobrellevar el dolor que esto ha vuelto a traer”.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, un demócrata, también se refirió al tema el viernes en una conferencia de prensa no relacionada en la ciudad natal de Biden, Scranton. “Siento firmemente que el presidente Biden entendió todo absolutamente mal y creó mucho dolor aquí en el noreste de Pensilvania”.

Hubo repercusiones similares en Illinois, después de que Biden otorgara clemencia a Rita Crundwell, la excontralora de Dixon, una ciudad de aproximadamente 15.000 habitantes en el norte del estado.

Crundwell se declaró culpable en 2012 de un esquema de malversación de US$ 54 millones, que se cree que es el mayor fraude municipal en la historia de EE.UU. Fue condenada a casi 20 años de prisión, casi el máximo, aunque se le permitió el arresto domiciliario durante la pandemia.

Se suponía que iba a estar bajo arresto domiciliario hasta 2028, según la Oficina de Prisiones.

“Cuando escuché la noticia, estaba completamente en shock, incapaz de creerlo, estaba indignado y sentí un completo sentido de traición por parte del sistema de justicia federal, la Casa Blanca y el presidente”, dijo el administrador de la ciudad de Dixon, Danny Langloss, a CNN en una entrevista el viernes.

Langloss, quien dijo no pertenecer a ningún partido político, era el jefe de policía cuando se descubrió el fraude de Crundwell. Dijo que cree que “aquí no se hizo justicia”.

“No me gusta la idea de que con varios años más pendientes de su sentencia, ella pueda caminar libre por la comunidad a la que traicionó y a la que robó”, dijo Langloss.

Margaret Love, quien trabajó en el Departamento de Justicia como abogada de indultos de EE.UU. de 1990 a 1997, dijo que las últimas conmutaciones de Biden fueron consecuencia de una reducción de la población carcelaria durante el covid, decidida bajo la administración de Trump.

El Congreso aprobó con apoyo de ambos partidos la Ley CARES en marzo de 2020, al comienzo de la pandemia. Entre otras cosas, esa legislación abrió el camino para que el gobierno federal trasladara a confinamiento domiciliario a aproximadamente 12.000 reclusos de prisiones federales. Muchas de estas personas ya completaron sus condenas desde entonces, aunque muchos aún permanecen bajo arresto domiciliario.

“Muchas personas que fueron enviadas a casa fueron condenadas por delitos de cuello blanco o no violentos y se consideraron apuestas seguras para reinsertarse en la comunidad”, dijo Love, añadiendo que creía que la toma de decisiones estaba marcada por la discriminación racial.

Con rumores entre algunos republicanos sobre la posibilidad de enviar a estos convictos de regreso a prisión, Love dijo que Biden “simplemente limpió a esta población” y sacó esa opción de la mesa.

Y para aquellos molestos porque Biden dejó salir a estos delincuentes del arresto domiciliario antes de tiempo, “deberían haberse quejado hace cuatro años cuando fueron liberados de prisión”, dijo Love.

Esta historia ha sido actualizada con detalles adicionales.

Samantha Waldenberg de CNN contribuyó a este informe.

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