Usuarios de TikTok quieren que la Corte Suprema considere que la app tiene más contenido de bailes que de intrigas políticas

TikTok, la popular plataforma de redes sociales, célebre por su mezcla de videos de baile, payasadas de gatos, videos de noticias y recetas de cocina, librará el viernes una importante batalla por la Primera Enmienda ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Mientras el Gobierno de Biden, que defiende la prohibición de TikTok, hace hincapié en los riesgos para la seguridad nacional de la empresa matriz china de la aplicación, TikTok y sus aliados intentan desplazar el foco de atención hacia los derechos de expresión de millones de estadounidenses y el contenido que ven habitualmente.

TikTok está apelando una formidable sentencia de un tribunal inferior que puso de relieve las amenazas a la seguridad, en concreto la preocupación del Gobierno de EE.UU. de que Beijing acumule datos sobre los usuarios estadounidenses y manipule de manera encubierta el contenido de TikTok con fines de espionaje y otros fines perjudiciales.

Los miembros del tribunal de primera instancia, entre los que se encontraban el presidente del circuito y un veterano juez, representan a ambos lados del espectro ideológico y gozan de considerable respeto en la Corte Suprema.

La empresa y los creadores de contenidos que impugnan la inminente prohibición han reforzado estratégicamente sus argumentos sobre los peligros de suprimir la expresión, aunque sea propaganda de un adversario extranjero. TikTok también ha cambiado su equipo legal para los argumentos del viernes. Estará representada en el atril del tribunal por Noel Francisco, ex procurador general de EE.UU. durante el primer mandato de Donald Trump.

Su mensaje: el potencial de explotación de Estados Unidos por parte de China es exagerado. Los creadores de contenido que también han demandado de manera similar vuelven la lente hacia los 170 millones de estadounidenses que se estima que utilizan TikTok y el contenido principal que ven.

“Solo una pequeña parte de los contenidos de TikTok podría servir para promover los intereses geopolíticos de China”, escribió el abogado Jeffrey Fisher, que representa a los creadores individuales y compartirá atril con Francisco. “La mayor parte consiste en cosas como videos de baile, tutoriales de reparación casera y montajes de escapadas de fin de semana”.

Más importante aún como una cuestión de protección de la Primera Enmienda, Fisher escribió en una presentación separada ante el tribunal la semana pasada que “no hace ninguna diferencia que el temor del gobierno sea que un ‘adversario extranjero’ pueda estar involucrado en empujar el discurso objetable a los estadounidenses”.

Sin embargo, el tribunal de apelación estadounidense, con sede en la ciudad de Washington, se dejó convencer de manera unánime por los argumentos del Gobierno de Biden de que el Congreso tenía suficiente preocupación por la seguridad nacional de que China controlara TikTok a través de su empresa matriz, ByteDance, constituida en las Islas Caimán pero con sede en Beijing. La ley obliga a TikTok a encontrar un nuevo propietario o enfrentarse a una prohibición el 19 de enero.

En el dictamen del juez Douglas Ginsburg, nombrado en 1986 por Ronald Reagan, el Circuito de Washington consideró que el Gobierno tenía intereses “convincentes” en contrarrestar los esfuerzos de China por recopilar datos sobre los usuarios estadounidenses y en contrarrestar el riesgo de manipulación encubierta de los contenidos de TikTok. Ginsburg estuvo acompañado por la jueza Neomi Rao, nombrada por Trump y ex asistente jurídica del juez Clarence Thomas.

El tercer miembro del panel, el juez jefe Sri Srinivasan, nombrado por Barack Obama, estuvo de acuerdo en que la ley debe ser confirmada, pero advirtió que el Gobierno no necesita cumplir con la prueba más estricta de la Primera Enmienda para justificar la ley.

“En consonancia con las restricciones impuestas desde hace tiempo al control extranjero de los canales de comunicación de masas”, escribió Srinivasan en un voto particular, “la actividad a la que se refiere principalmente el mandato de desinversión de la ley es la de una nación extranjera y no la de un orador nacional; de hecho, no solo una nación extranjera, sino un adversario extranjero designado”.

En general, las 92 páginas de los escritos de los tribunales inferiores abordan temas que podrían resultar atractivos para la Corte Suprema, dominada por los conservadores.

Es mucho lo que está en juego en esta apelación, dado el alcance omnipresente de TikTok en Estados Unidos y los actuales esfuerzos del Gobierno estadounidense contra la República Popular China. Además, el presidente electo Trump ha presentado un escrito en el que insta a los jueces a suspender la ley para que, una vez que asuma el cargo, pueda negociar una resolución que aborde los problemas de seguridad pero salve la plataforma.

Está previsto que la prohibición entre en vigor un día antes de la toma de posesión de Trump, el 20 de enero.

En la defensa de la ley por parte del Gobierno de Biden, la procuradora general de EE.UU., Elizabeth Prelogar, afirmó en un escrito presentado la semana pasada: “Nadie discute que la República Popular China (RPC) trata de socavar los intereses de EE.UU. mediante la acumulación de datos sensibles sobre los estadounidenses y la participación en operaciones encubiertas y malignas de influencia. Nadie discute que la RPC persigue esos objetivos a través de empresas aparentemente privadas sujetas a su control y mediante el posicionamiento previo de activos en Estados Unidos para desplegarlos en momentos oportunos”.

“Y a la luz de esas realidades”, insiste Prelogar, que representará al Gobierno de Biden el viernes, “nadie puede discutir seriamente que el control de la RPC sobre TikTok a través de ByteDance representa una grave amenaza para la seguridad nacional”.

La prohibición, aprobada por el Congreso y firmada por Biden en abril, surgió de años de preocupación bipartidista por los peligros de la influencia de Beijing sobre los estadounidenses. Los funcionarios expresaron su temor, por ejemplo, de que China pueda utilizar franjas de datos sensibles recogidos por TikTok para chantajear a particulares o realizar espionaje empresarial.

Según la ley, TikTok solo podrá seguir operando después del 19 de enero si ByteDance se desprende de la plataforma. Si no encuentra un nuevo propietario, se prohibirá a las tiendas de aplicaciones y servicios de alojamiento de Internet estadounidenses distribuir y dar servicio a TikTok.

El Circuito de Washington hizo hincapié en el historial del Gobierno de centrarse en los peligros planteados por la empresa matriz china: “Los esfuerzos de varios años de ambos poderes políticos para investigar los riesgos para la seguridad nacional planteados por la plataforma TikTok, y para considerar los posibles remedios propuestos por TikTok, pesan mucho a favor de la Ley. […] Fue cuidadosamente elaborada para hacer frente únicamente al control por parte de un adversario extranjero, y formaba parte de un esfuerzo más amplio para contrarrestar una amenaza bien fundamentada para la seguridad nacional planteada por la RPC”.

El tribunal inferior citó repetidamente una decisión de la Corte Suprema de 2010, Holder vs. Humanitarian Law Project, redactada por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, que exige deferencia hacia el Gobierno en asuntos de seguridad nacional y asuntos exteriores.

Refiriéndose al lenguaje de la opinión de Roberts, Ginsburg escribió: “El Gobierno ha ofrecido pruebas convincentes que demuestran que la Ley está estrechamente adaptada para proteger la seguridad nacional. Dados los delicados intereses en materia de seguridad nacional y asuntos exteriores que están en juego, el juicio del Gobierno basado en estas pruebas ‘tiene derecho a un peso significativo’”.

Srinivasan se basó igualmente en el razonamiento: “Es un modus operandi de la RPC acceder subrepticiamente a datos a través de su control sobre empresas como ByteDance… Incluso si la RPC aún no ha actuado de forma discernible sobre su potencial control del acceso de ByteDance a datos de usuarios estadounidenses en particular, el Congreso no necesita esperar a que el riesgo se hiciera realidad y a que se produzca el daño antes de tomar medidas para evitarlo”.

En la apelación de TikTok, Francisco argumenta que el Gobierno ha exagerado el interés de China en los datos de TikTok y subestimado la capacidad de TikTok para protegerse contra la interferencia de China. Dice que, aunque el Congreso puede obligar a la empresa a revelar sus vínculos con adversarios extranjeros, no puede prohibir directamente la distribución de opiniones extranjeras, ni siquiera de propaganda hostil.

Francisco observa que, incluso en plena Guerra Fría, la Primera Enmienda imposibilitaba que el Gobierno impidiera a los activistas estadounidenses distribuir propaganda comunista.

Asimismo, Francisco subraya que TikTok ejerce sus derechos de libertad de expresión a través de sus empleados estadounidenses, quienes, insiste la empresa, “pueden elegir, como mínimo, si someterse a cualquier supuesto ‘control’” por parte de ByteDance.

Fisher, en nombre de las personas que crean contenidos para la plataforma, añade por separado que el Congreso podría haber optado, sin infringir los derechos de expresión, por prohibir a ByteDance compartir datos con China.

En su escrito, Fisher presionó a los jueces para que tuvieran en cuenta las inminentes consecuencias de la Primera Enmienda: “Pocas veces, por no decir nunca, el Tribunal se ha enfrentado a un caso de libertad de expresión que afecta a tanta gente. 170 millones de estadounidenses utilizan TikTok regularmente para comunicarse, entretenerse y seguir las noticias y la actualidad. … (El) cierre de TikTok limitará profundamente su expresión”.

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