El negocio, que permaneció cerrado desde el 12 de febrero luego del operativo realizado por agentes de Seguridad Nacional e Inmigración y Control de Aduanas (ICE), retomó sus actividades recientemente.
El pasado 21 de febrero, Báez y Ávila-Guel comparecieron ante un juez, quien les impuso una fianza de 100 mil dólares a cada uno.
“Acusados de albergar y contratar inmigrantes sin documentos, enfrentan la presión de un sistema migratorio más estricto y una batalla judicial que podría costarles la residencia y la libertad.”
Según testigos presenciales, agentes federales se presentaron en el negocio y detuvieron a varias personas que, se cree, podrían ser empleados de la tortillería.
