El Condado de San Diego busca impedir que agentes federales de inmigración, incluidos elementos de ICE y CBP, utilicen instalaciones propiedad del condado para realizar entrenamientos con armas de fuego.
La propuesta, encabezada por la presidenta de la Junta de Supervisores, Terra Lawson-Remer, y la supervisora Paloma Aguirre, será presentada este martes ante la Junta de Supervisores, en medio de una creciente preocupación por las operaciones migratorias federales en la región.
La medida busca prohibir el uso del Centro Regional de Entrenamiento en Armas de Fuego de San Diego, ubicado en Otay Mesa, para este tipo de entrenamientos.
Aguirre aseguró que el condado tiene autoridad para decidir cómo se utilizan sus instalaciones.
“Tenemos 100% discreción sobre nuestras instalaciones. Estas no son instalaciones federales”, afirmó la supervisora.
El centro es propiedad del condado y es operado conjuntamente por la Oficina del Alguacil, la Fiscalía del Distrito y el FBI.
En 2021 se formalizó un acuerdo que permitió a la división de ICE utilizar las instalaciones para entrenamiento. Desde 2024, ICE y CBP han acumulado aproximadamente 3,350 horas de uso del centro, de acuerdo con las supervisoras.
Aguirre sostuvo que las agencias federales cuentan con otras opciones para realizar sus entrenamientos y que el objetivo de la propuesta es evitar que recursos locales sean utilizados para actividades de control migratorio federal.
Según las cifras citadas durante el anuncio, ICE retiró del Condado de San Diego a más de 16,000 personas entre enero de 2025 y abril de 2026.
Además, las supervisoras señalaron que desde el inicio de la segunda administración de Donald Trump se han registrado al menos 41 incidentes con armas de fuego en los que estuvieron involucrados agentes federales de inmigración, con 11 víctimas mortales. También indicaron que al menos 43 personas han muerto bajo custodia de ICE.
Lawson-Remer dijo que estas acciones han generado temor entre integrantes de la comunidad inmigrante.
“Hemos visto a agentes enmascarados que se niegan a identificarse y a impostores que se aprovechan de ese secretismo; familias que temen denunciar delitos, así como enfrentamientos violentos y secuestros en todo el país y en nuestra comunidad”, afirmó.
Defensores de la comunidad aseguran que el impacto de las operaciones migratorias también se refleja en familias que viven con temor ante posibles redadas y arrestos.
Maritza, cuyo padre fue arrestado por agentes de ICE, describió las consecuencias emocionales que ha enfrentado su familia.
“Todavía con miedo o mucha ansiedad. Estoy en terapia trabajando con todos. Me despierto en la noche, no puedo dormir porque me da pesadillas que se lo están llevando o que ya no está”, relató.
Las supervisoras sostienen que la propuesta busca evitar que el uso de instalaciones y recursos locales para entrenamientos con armas de fuego contribuya a una mayor tensión o a posibles tragedias durante las operaciones migratorias.
La propuesta está programada para ser considerada y votada este martes durante la reunión de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego. De ser aprobada, el condado tendría 10 días para notificar a las agencias federales sobre la decisión respecto al uso de las instalaciones.
Fuente original: Noticias San Diego
17 Aug, 2026
