SANTA FE, Nuevo México — El Proyecto Júpiter, un ambicioso centro de datos respaldado por gigantes tecnológicos como Oracle y OpenAI, enfrenta nuevos obstáculos legales en Nuevo México mientras organizaciones ambientales y residentes cuestionan el impacto que tendría sobre los recursos naturales del estado.
El proyecto, que contempla la instalación de un centro de datos en tierras estatales, ha generado oposición debido al consumo de agua, las emisiones contaminantes y la infraestructura energética necesaria para su operación.
Hace aproximadamente un mes, la comisionada de Tierras Públicas de Nuevo México, Alyssa Garcia-Richard, rechazó en dos ocasiones una solicitud relacionada con la construcción de una sección de un gasoducto de gas natural destinado a servir al proyecto.
La oficina de la comisionada argumentó que el gasoducto generaría ingresos mínimos para las instituciones públicas del estado y expresó preocupaciones por el impacto ambiental.
De acuerdo con su oficina, el Proyecto Júpiter ejerce una presión considerable sobre los recursos naturales de Nuevo México.
Ahora, el proyecto enfrenta nuevos obstáculos después de que la organización ambiental New Energy Economy, con sede en Santa Fe, presentara dos acciones legales relacionadas con los permisos necesarios para su operación.
Según Mariel Nanasi, directora ejecutiva y abogada de la organización, uno de los casos llevó a la Corte Suprema de Nuevo México a intervenir en el proceso de permisos de aire.
La corte también intervino en relación con el permiso de agua que ya había sido otorgado, suspendiendo la posibilidad de que el proyecto continúe obteniendo agua bajo esa autorización.
La decisión representa un nuevo revés para los desarrolladores, quienes necesitan múltiples permisos regulatorios antes de que el centro pueda avanzar completamente.
New Energy Economy también ha cuestionado el impacto ambiental del proyecto.
Según estudios citados por la organización, el Proyecto Júpiter podría generar aproximadamente 10 millones de toneladas de gases de efecto invernadero al año, una cantidad que, de acuerdo con sus estimaciones, superaría las emisiones combinadas de Albuquerque, Santa Fe y Las Cruces.
La organización sostiene que estas emisiones podrían representar una carga significativa para la calidad del aire y el medio ambiente de la región.
En una decisión unánime, los cinco magistrados de la Corte Suprema de Nuevo México frenaron el proceso acelerado de permisos de aire del Departamento de Medio Ambiente.
El proceso también enfrentó cuestionamientos después de que el oficial de audiencias asignado al caso se descalificara y renunciara tras denuncias relacionadas con posibles irregularidades.
La oposición no se limita a las organizaciones ambientales.
La representante estatal Sarah Silva pidió públicamente a los desarrolladores abandonar sus planes en el condado de Doña Ana. También expresó preocupación por los posibles efectos del proyecto sobre la red eléctrica de El Paso, Texas.
Para los opositores, los beneficios económicos prometidos por el proyecto no compensan los posibles costos ambientales.
Nanasi sostiene que, aunque los desarrolladores han promocionado la creación de empleos, el proyecto también requeriría grandes cantidades de agua y tierra y podría aumentar las emisiones y las temperaturas en la región.
Mientras tanto, las organizaciones que se oponen al centro de datos continúan presionando para que las autoridades estatales evalúen de manera más estricta sus posibles consecuencias ambientales antes de permitir que el proyecto avance.
El Proyecto Júpiter permanece en medio de un proceso regulatorio y judicial que podría determinar hasta dónde puede avanzar la infraestructura tecnológica en Nuevo México y bajo qué condiciones.
La directora de New Energy Economy enfatizó que, a su juicio, ni los recursos económicos ni el poder político deben estar por encima de los procesos constitucionales y regulatorios del estado.
Fuente original: Noticias New Mexico
24 Aug, 2026
