Noticias Costa Central – Monterey, CA. – Dos propietarios de una extensa parcela en Royal Oaks se declararon sin oposición ante cargos relacionados con evasión de impuestos y la operación de viviendas no autorizadas que, según las autoridades, representaban un grave riesgo para sus residentes.
¿Quiénes son los acusados?
Nicolas Mejia Ruvalcaba y Ana Ortiz Ruvalcaba, ambos de 73 años, enfrentan cargos por las condiciones de vivienda que mantenían en una propiedad de aproximadamente 23 acres.
Nicolas se declaró sin oposición a dos cargos graves de evasión fiscal, además de delitos menores relacionados con proporcionar viviendas sin permisos y no contar con seguro de compensación laboral. Ana también aceptó cargos menores por evasión de impuestos, viviendas no autorizadas y falta de seguro para trabajadores.
¿Cuándo comenzó el caso?
El caso salió a la luz en abril de 2023, cuando un oficial de libertad condicional del condado de Monterey buscaba a una persona bajo supervisión y descubrió apartamentos improvisados ocultos dentro de invernaderos en la propiedad.
Hallazgos de la investigación
Posteriormente, inspectores del condado encontraron más de 68 unidades habitacionales sin autorización, algunas de ellas escondidas en una zona boscosa. En total, alrededor de 270 personas vivían en estos espacios, incluidos trabajadores agrícolas y familias con niños pequeños.
Las autoridades encontraron múltiples condiciones peligrosas, entre ellas riesgos de incendio, falta de detectores de humo y salidas de emergencia, ventilación y calefacción inadecuadas, además de violaciones a normas de construcción y electricidad.
Los residentes fueron reubicados con ayuda de agencias del condado y los propietarios pagaron más de 170 mil dólares en asistencia para la reubicación.
Una investigación posterior determinó que la pareja recibió más de un millón de dólares en efectivo por concepto de rentas entre 2020 y 2022 sin reportar esos ingresos. Esto habría provocado más de 134 mil dólares en impuestos pendientes.
Las autoridades también encontraron evidencia de que algunos inquilinos eran desalentados de recibir visitas, permanecer afuera, permitir que sus hijos jugaran al aire libre o hablar con autoridades y personal médico sobre las condiciones de las viviendas.
El dictamen del caso
Como parte de los acuerdos criminales y civiles, la pareja deberá pagar un total de 800 mil dólares en multas, restitución, impuestos pendientes y otros costos. El dinero deberá ser cubierto en un plazo de 60 días; de lo contrario, un juez podría ordenar la venta de la propiedad para cubrir cualquier saldo.
Ambos podrían recibir hasta 364 días de cárcel. La fiscalía solicitará 240 días de prisión y cuatro años de libertad condicional para Nicolas, mientras que para Ana pide 40 días de cárcel y un año de libertad condicional.
Además, en una demanda presentada por California Rural Legal Assistance en representación de inquilinos afectados, la pareja acordó pagar otros 200 mil dólares.
La resolución de ese acuerdo todavía requiere la aprobación de un juez. La sentencia de ambos propietarios está programada para finales de septiembre.
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Fuente original: Noticias Monterey
21 Aug, 2026
