Más de 10.400 migrantes murieron este año en su intento de llegar a España, casi 30 por díaEricks Webs DesignEricks Webs Design

Un total de 10.457 personas murieron en 2024 en su intento de llegar a las costas españolas, lo que supone una media de casi 30 al día, un 58% más respecto al año anterior, según el balance que el colectivo Caminando Fronteras hizo público este jueves.

Es un cifra récord desde que esta ONG comenzó a investigar las desapariciones de migrantes en el mar de camino a España. Una cifra que refleja el notable aumento de los fallecidos en los dos últimos años, pues ya en 2023 los 6.618 muertos casi triplicaban los registrados un año antes.

Esta organización privada, creada en 2002, hace un seguimiento de los migrantes en su trayecto hacia España a través del mar y consigue sus datos de llamadas directas desde las embarcaciones precarias que usan estas personas, o de familiares y comunidades de origen de ellas.

Respecto a 2024, la ONG subraya que del total de personas que perdieron la vida, 421 eran mujeres y 1.538 niños o adolescentes.

Esta organización recalca que la ruta Atlántica, la que recorre el trayecto desde las costas de África hasta las Islas Canarias (Atlántico), “se mantiene como la más letal a nivel mundial”, con 9.757 víctimas, es decir, el 93 % del total.

Mientras, 517 muertes se produjeron en la ruta Argelina, la que parte de Argelia y llega a la costa del este de España y a las Islas Baleares a través del Mediterráneo; 110 en el Estrecho de Gibraltar y 72 en la ruta de Alborán, la que une las costas rifeñas de Marruecos con las de Andalucía oriental, en el sur de España.

El informe ‘Monitoreo Derecho a la Vida 2024’, cerrado a 15 de diciembre, detalla 293 tragedias ocurridas en las diferentes rutas migratorias y ofrece también otro dato: 131 embarcaciones desaparecieron sin dejar rastro, con todos los inmigrantes que llevaban a bordo.

También recalca el “notable aumento” de salidas desde Mauritana, un país que “se ha consolidado como principal punto de cruce migratorio” hacia las Islas Canarias. En ella se produjeron 6.829 muertes.

Además, recuerda que la ruta argelina hacia las Islas Baleares (Mediterráneo) también está considerada como una de las “más peligrosas” debido a su longitud y la dificultad del trayecto.

Por meses, abril fue el que registró más muertes, con 1.284.

Los 10.457 fallecidos que Caminando Fronteras contabilizó pertenecían a 28 nacionalidades: Argelia, Bangladesh, Burundi, Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfil, Egipto, Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Irak, Islas Comoras, Mali, Marruecos, Mauritania, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Somalia, Senegal, Sierra Leona, Siria, Sudán, Túnez y Yemen.

La ONG apunta como causas del aumento de los naufragios la omisión del deber de socorro y advierte que se prioriza el control migratorio sobre el derecho a la vida.

También subraya la externalización de fronteras. “La responsabilidad del rescate se traslada a países con recursos limitados, empeorando la capacidad de respuesta ante estas emergencias”, indica el informe.

Añade que muchos rescates “no se activaron a tiempo” y cree también que la “criminalización y estigmatización” de organizaciones sociales y de familiares que alertan sobre personas en riesgo afecta a la eficacia de las operaciones de rescate.

Por último, apunta a las condiciones de extrema vulnerabilidad con la que estas personas emprenden el viaje: infraembarcaciones, escasez de agua, comida y de materiales de navegación, y las condiciones meteorológicas adversas que dificultan el trayecto.

El informe hace hincapié en la presencia de mujeres en las rutas migratorias.

Estas mujeres, en su mayoría en tránsito, “enfrentan violencia, discriminación, racismo, deportaciones y violencia sexual”, asegura el informe, que precisa que muchas viajan con hijos nacidos en el trayecto y sobreviven en condiciones extremas.

También constatan un aumento de niños, niñas y adolescentes y denuncia “la desprotección y la falta de garantías por parte de las autoridades”.

La ONG denuncia que a menudo los menores son tratados como migrantes antes que como niños, y los utilizan como “moneda de cambio política, quedando expuestos a discursos de odio y vulnerabilidad”.

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