Justicia federal acusa a prisiones de California de no proteger a reclusas de abusos sexuales

Noticias SD – California. – El Departamento de Justicia de Estados Unidos lanzó fuertes acusaciones contra el sistema penitenciario de California, tras una investigación federal que concluyó que el estado no protegió adecuadamente a mujeres encarceladas de abusos y acoso sexual por parte de empleados.

¿Dónde se realizaron las investigaciones?

La investigación se concentró en dos prisiones para mujeres: la Central California Women’s Facility, en Chowchilla, y la California Institution for Women, en Chino.

Según el Departamento de Justicia, los investigadores encontraron un patrón prolongado de conducta sexual indebida por parte de personal penitenciario, además de fallas en los mecanismos de protección, en los procesos para presentar denuncias de manera confidencial y en las investigaciones internas.

¿Qué informan las autoridades federales?

Las autoridades federales también señalaron que, en algunos casos, los sistemas establecidos para investigar las denuncias no eran suficientemente independientes y que no existían medidas adecuadas para responsabilizar a los empleados señalados.

Conclusiones del departamento de justicia

El Departamento de Justicia concluyó que estas deficiencias violan los derechos constitucionales de las mujeres encarceladas y que California tampoco ha implementado de manera adecuada las protecciones establecidas bajo la Ley para la Eliminación de Violaciones en Prisión, conocida como PREA.

Plazo de 49 días para realizar los cambios

Ahora, el estado tiene un plazo de 49 días para implementar una serie de cambios exigidos por las autoridades federales.

Entre las medidas propuestas se encuentran ampliar la cobertura de cámaras de vigilancia, fortalecer los canales confidenciales para reportar abusos y mejorar los protocolos utilizados para investigar las acusaciones y supervisar al personal.

Si California no cumple con estas exigencias dentro del plazo establecido, el gobierno federal advirtió que podría iniciar acciones legales bajo la Ley de Derechos Civiles de Personas Institucionalizadas.

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