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Jueza federal ordena frenar operativos migratorios relacionados con votantes en nueve estados

Noticias San Diego – San Diego, CA – Una jueza federal de California ordenó al Gobierno de Estados Unidos suspender ciertos operativos e interrogatorios relacionados con investigaciones sobre la elegibilidad de votantes en nueve estados, incluido California. La decisión busca evitar posibles actos de intimidación que interfieran con el ejercicio del voto antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Sin embargo, la aplicación de la orden quedó suspendida temporalmente hasta las 5 p. m. del viernes 23 de octubre, para dar oportunidad al Gobierno federal de presentar una apelación.

¿Qué operativos federales busca frenar la jueza?

La jueza federal Araceli Martínez-Olguín emitió la orden preliminar el 21 de octubre, en respuesta a una demanda que cuestiona las investigaciones federales relacionadas con la elegibilidad electoral.

El caso se centra en operativos e interrogatorios en domicilios vinculados con sospechas de que personas que no son ciudadanas estadounidenses podrían estar registradas para votar.

La demanda sostiene que estas acciones podrían intimidar a ciudadanos y a otras personas involucradas en actividades electorales, en posible violación de la Ley Federal de Derecho al Voto (Voting Rights Act).

¿Qué agencias y estados están involucrados?

El caso involucra al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) y a sus agencias, entre ellas el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La orden abarca nueve estados: California, Connecticut, Georgia, Misuri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin.

La medida no prohíbe todas las operaciones migratorias de estas agencias. Su alcance se limita a las acciones relacionadas con las investigaciones electorales contempladas en la orden judicial.

¿Cuándo entrará en vigor la orden?

La orden fue suspendida temporalmente hasta las 5 p. m. del viernes 23 de octubre para permitir que el Gobierno presente una apelación. La medida busca limitar las acciones cuestionadas antes de las elecciones del martes 3 de noviembre.

La situación judicial puede cambiar si se presenta una apelación o si el tribunal emite nuevas instrucciones.

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