SANTA FE, Nuevo México – El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, respaldó dos acciones de emergencia ante la Corte Suprema estatal contra procesos utilizados para avanzar Project Jupiter, un enorme centro de datos de inteligencia artificial en Doña Ana County, vinculado a Oracle.
Agua: cuestionan la aprobación acelerada para utilizar un pozo agrícola que ya ha extraído más de 100 millones de galones de agua.
Energía: también cuestionan cambios en el proceso de permisos para una planta con 2,275 celdas de combustible a gas capaces de generar 2.46 gigavatios.
Torrez afirmó que las mismas reglas deben aplicarse a familias y grandes corporaciones, y advirtió que omitir procesos legales puede afectar la confianza pública.
“Las mismas reglas deben aplicarse a todos”, dijo el fiscal general Raúl Torrez. “Ya sea una familia que defiende su derecho al agua o una corporación global con dinero e influencia política. La notificación y el derecho a una audiencia justa existen para proteger al público, y flexibilizar esas reglas para favorecer a un solicitante poderoso socava la confianza pública, independientemente del resultado. Mi oficina seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para garantizar que las agencias estatales cumplan con la ley y respondan ante las personas a las que sirven.”
Cuestionan aprobación para utilizar agua
Uno de los casos, Center for Biological Diversity v. Anderson, cuestiona ante la Corte Suprema estatal una decisión de la Oficina del Ingeniero Estatal de Nuevo México (OSE).
Según el Departamento de Justicia, la agencia aprobó en apenas dos días una solicitud presentada por Santa Teresa Capital, LLC para reutilizar un pozo agrícola y destinarlo al suministro de agua para la construcción de Project Jupiter.
La Fiscalía General sostiene que esta aprobación se realizó sin la notificación y audiencia que exige la legislación estatal.
El Departamento de Justicia argumenta que la excepción de emergencia contemplada en el Código de Aguas de Nuevo México está destinada a situaciones genuinas que amenacen con provocar pérdidas de cultivos o pérdidas económicas graves relacionadas con un uso existente.
Según la postura presentada ante la Corte, dicha excepción no permitiría aprobar, sin audiencia, un cambio en el propósito y ubicación del uso del agua para abastecer un proyecto de construcción independiente.
La Fiscalía también acusa a la OSE de ignorar sus propias directrices sobre lo que constituye una emergencia y de apartarse de decisiones anteriores en las que se rechazaron argumentos similares relacionados con pérdidas económicas.
Otro punto señalado es que la agencia no ha programado una audiencia sobre una protesta presentada oportunamente el 9 de enero de 2026.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, mientras la protesta continúa pendiente, un medidor instalado en el pozo registra que se han extraído más de 100 millones de galones de agua subterránea de la cuenca del Río Grande Bajo.
La zona enfrenta una sequía severa y está sujeta, además, a las obligaciones de Nuevo México bajo el Pacto del Río Grande (Rio Grande Compact) con Texas.
Cuestionan proceso para la planta eléctrica
El segundo caso, New Energy Economy v. Kenney, está relacionado con el proceso de permisos de calidad del aire para la planta eléctrica propuesta como parte de Project Jupiter.
El proyecto contempla 2,275 celdas de combustible alimentadas con metano, capaces de generar aproximadamente 2.46 gigavatios de electricidad. De acuerdo con el Departamento de Justicia, se trataría de una concentración de esta tecnología sin precedentes a nivel mundial.
La Fiscalía General cuestiona los cambios realizados en el calendario del proceso administrativo y sostiene que éstos afectaron las garantías de debido proceso de quienes impugnan el permiso.
El 15 de julio de 2026, el funcionario encargado de la audiencia del Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México estableció una audiencia para el 19 de octubre. Once días después, rechazó una solicitud para adelantarla, citando la complejidad del caso y preocupaciones relacionadas con el debido proceso.
Sin embargo, según el Departamento de Justicia, el 29 de julio el funcionario cambió de decisión y adelantó la audiencia al 14 de septiembre, sin explicar el motivo. También adelantó casi 40 días el plazo para presentar pruebas técnicas y testimonios de expertos, del 1 de octubre al 24 de agosto.
Posteriormente, el 12 de agosto, se negó por completo el acceso al proceso de descubrimiento de pruebas, según la Fiscalía, a menos de dos semanas de la nueva fecha límite para presentar esa evidencia.
El Departamento de Justicia sostiene que el expediente administrativo no estaría disponible hasta el 24 de agosto, precisamente el día en que las partes necesitaban esa información para preparar sus argumentos.
La Fiscalía argumenta que la Ley de Control de Calidad del Aire no exigía este calendario acelerado. Según su interpretación, la ley estatal permite al Departamento de Medio Ambiente extender sus propios plazos de permisos cuando existe una causa justificada.
Por ello, sostiene que no existía un plazo legal que obligara a eliminar las oportunidades de descubrimiento y otras protecciones de debido proceso para quienes cuestionan el permiso.
Fuente original: Noticias El Paso
3 Sep, 2026
