DENVER, Colorado — 8 de septiembre de 2026. Lo que un estudiante publica desde su casa, durante un fin de semana o fuera del horario de clases puede terminar afectando su permanencia en la escuela. En Colorado, adolescentes han sido suspendidos o expulsados por comentarios, videos, fotografías y amenazas difundidas a través de redes sociales, incluso cuando el contenido fue creado fuera del plantel.
Una investigación de The Denver Post identificó a más de seis estudiantes sancionados durante los últimos siete años por publicaciones digitales. Sin embargo, no existe una cifra estatal precisa porque el Departamento de Educación de Colorado no registra si las conductas disciplinarias ocurrieron en internet o fuera de la escuela.
La situación ha abierto un complejo debate: ¿hasta dónde puede llegar la autoridad de una escuela sin vulnerar la libertad de expresión de sus estudiantes?
La conexión con la escuela determina una posible sanción
La ley de Colorado permite suspender o expulsar a un estudiante por conductas ocurridas dentro o fuera de la propiedad escolar cuando sean perjudiciales para el bienestar o la seguridad de alumnos o empleados. Antes de imponer una sanción, los distritos deben considerar factores como la edad, el historial disciplinario, la gravedad de la conducta, el riesgo para la comunidad y la posibilidad de aplicar una medida menos severa. La legislación estatal puede consultarse aquí.
Para intervenir en un incidente ocurrido fuera del plantel, los administradores buscan establecer un “nexo” o conexión con la escuela. Este puede existir cuando una publicación contiene amenazas contra estudiantes o empleados, constituye acoso o provoca una alteración considerable de las actividades académicas.
El problema es que la mayoría de los distritos no define claramente ese concepto.
Solo dos distritos tienen políticas específicas
Tras revisar los reglamentos de 15 sistemas escolares del área metropolitana de Denver, la investigación encontró que únicamente las Escuelas Públicas de Aurora y el Distrito Escolar de Sheridan tenían políticas independientes sobre el uso de redes sociales por parte de estudiantes.
Denver Public Schools, Westminster Public Schools y Adams 12 Five Star Schools señalan expresamente que las publicaciones digitales pueden ocasionar suspensiones o expulsiones, pero tampoco cuentan con una política exclusiva para redes sociales.
Todos los sistemas revisados permiten sancionar conductas fuera del plantel cuando existe una conexión con la comunidad escolar. No obstante, rara vez explican cómo debe determinarse esa relación, lo que deja decisiones importantes en manos de cada administrador.
“Puede sentirse bastante subjetivo, a veces, como administrador de un plantel, tomar la decisión correcta”, reconoció Bret Heller, superintendente del Distrito Escolar Thompson. “A menudo parece una situación en la que no hay forma de ganar”.
Casos que terminaron en expulsiones y demandas
Uno de los casos más destacados ocurrió en Cherry Creek High School. En 2019, un estudiante de 16 años publicó en Snapchat una fotografía con un comentario antisemita mientras se encontraba fuera de la escuela. La publicación llegó a los administradores, quienes lo suspendieron y posteriormente lo expulsaron durante tres meses.
En 2023, un jurado determinó que el distrito había violado los derechos del estudiante bajo la Primera Enmienda y el debido proceso. El joven recibió una indemnización de $135,500.
La decisión reflejó el precedente establecido por la Corte Suprema en Tinker v. Des Moines: los estudiantes conservan su libertad de expresión dentro de la escuela, aunque esa protección puede limitarse cuando sus palabras provocan una alteración sustancial del proceso educativo.
En 2021, la Corte también concluyó en Mahanoy Area School District v. B.L. que una escuela de Pensilvania violó los derechos de una estudiante al castigarla por mensajes publicados fuera del plantel. El tribunal reconoció que las escuelas pueden tener interés en ciertos discursos externos —como amenazas, acoso grave o incumplimiento de reglas académicas—, pero advirtió que su autoridad es menor cuando el estudiante habla fuera de la escuela. Consulte la decisión de la Corte Suprema.
Entre la libertad de expresión y la seguridad
Los distritos argumentan que deben intervenir cuando una publicación amenaza la seguridad o afecta el aprendizaje. Los defensores de los estudiantes sostienen que sentirse ofendido no es suficiente para justificar una expulsión.
Las consecuencias pueden extenderse mucho más allá del castigo inmediato. Suspensiones y expulsiones pueden afectar el rendimiento académico, las oportunidades universitarias y el sentido de pertenencia de los adolescentes.
“Si solo castigamos la conducta, a menudo no estamos enseñándole a nuestro hijo”, explicó Lauren Henry, psicóloga de Children’s Hospital Colorado.
El desafío para las escuelas será establecer reglas transparentes que diferencien una opinión ofensiva de una amenaza real. Mientras esas políticas continúen siendo ambiguas, estudiantes, familias y administradores seguirán navegando un terreno donde la seguridad escolar y los derechos constitucionales pueden entrar en conflicto.
Fuente original: Noticias Colorado
8 Sep, 2026
