El equipo de Trump retoma los planes de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristasEricks Webs DesignEricks Webs Design

El equipo del presidente electo de EE.UU., Donald Trump, está discutiendo planes para designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, según tres fuentes familiarizadas con las discusiones, recuperando una idea que no se concretó durante su primer mandato.

A fines de 2019, Trump pareció estar a punto de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, pero se abstuvo a pedido del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pero dentro del Departamento de Justicia de Trump, la idea de designar a los cárteles de la droga como grupos terroristas también había provocado un amplio rechazo de funcionarios de carrera y de los designados políticos de Trump.

Aunque la designación no se aprobó, los republicanos siguieron planteándola en los años posteriores, incluida la presentación de una legislación que designaría a determinados cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Los cárteles mexicanos recaudan miles de millones de dólares y controlan gran parte del flujo de drogas ilícitas hacia Estados Unidos y también están involucrados en el tráfico de personas.

Mientras Trump se prepara para su regreso al cargo, la designación vuelve a estar sobre la mesa. Fuentes dijeron a CNN que no está claro si Trump tomará medidas para designar a determinados cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras desde el primer día, pero se están debatiendo quiénes podrían ser incluidos y cuándo se tomarían medidas.

CNN contactó al equipo de transición de Trump para solicitar comentarios.

En diciembre pasado, hablando en Arizona, Trump reiteró los planes de designar a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, una distinción que podría preceder al uso de la fuerza militar en suelo mexicano.

Trump amenazó con lanzar bombas sobre laboratorios de fentanilo y enviar fuerzas especiales para eliminar a los líderes de los cárteles, una incursión que podría violar la soberanía de México y perturbar las relaciones con el mayor socio comercial de Estados Unidos.

La designación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras también podría dar lugar a sanciones financieras más duras y ramificaciones legales en Estados Unidos contra los implicados, pero los expertos sostienen que podría tensar la relación entre Estados Unidos y México.

El secretario de Estado, en coordinación con el secretario de Justicia y el secretario del Tesoro, hace la designación y luego notifica al Congreso. Entre los designados actualmente se encuentran ISIS, Boko Haram, Hamas, entre otros.

Las agencias federales ya cuentan con herramientas a su disposición para acabar con las organizaciones criminales transnacionales. Bajo la administración de Biden, el Departamento de Seguridad Nacional lanzó una iniciativa interinstitucional , comprometiendo US$ 50 millones y enviando a más de 1.300 personas a América Latina para combatir las redes de tráfico de personas.

La Operación Centinela, por ejemplo, buscó restringir la capacidad de los traficantes de personas y sus asociados para viajar, realizar operaciones comerciales o financieras, en un intento de debilitar las redes.

La Fuerza de Tarea Conjunta Alfa, un grupo de trabajo de aplicación de la ley, se centra en la investigación y el enjuiciamiento de las redes de tráfico y trata de personas en México y el Triángulo del Norte.

Algunos exfuncionarios de Seguridad Nacional argumentan que hay suficientes herramientas a disposición del gobierno para atacar y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales, y que designar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras proporcionaría pocos recursos adicionales.

“Se trata más bien de presionar al Gobierno de México”, dijo una de las fuentes al describir las discusiones.

Las designaciones siguen siendo un tema de debate entre los legisladores republicanos, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien sostiene que es necesario perseguir más rápidamente a los cárteles.

“Básicamente, te quitas los guantes, lo que significa que puede ser desde tener operaciones conjuntas donde estás haciendo cosas físicamente o donde estás apuntando activamente, tal vez una vez más a través de las finanzas, estás dando rienda suelta al Departamento de Justicia y al FBI”, dijo a CNN el representante republicano Tony Gonzales, quien apoya etiquetar a los cárteles como organizaciones terroristas y ha hablado con funcionarios entrantes de Trump sobre el asunto.

“En este momento, algo de eso está sucediendo, pero está ocurriendo en un vacío, y hay mucha burocracia y trámites burocráticos antes de poder llegar a ese punto”, dijo, y agregó que también “envía un mensaje muy claro al Gobierno mexicano de que necesitan cooperar con nosotros, no, ya saben, trabajar en nuestra contra”.

Durante el primer gobierno de Trump, William Barr, quien se desempeñó como secretario de Justicia, expresó su apertura a la idea a pesar de las dudas de los altos funcionarios.

En una reunión en la oficina oval en 2019, Barr y otros funcionarios de Justicia se reunieron con Trump y funcionarios de la administración para hablar sobre México y sus problemas con los cárteles. Barr se puso del lado de Trump en cuanto a explorar la idea, mientras que otros funcionarios de la administración advirtieron sobre tomar esa medida.

Barr viajó a México ese invierno y negoció un acuerdo con funcionarios mexicanos para reforzar la cooperación entre los dos países en la lucha contra el tráfico de personas y en cuestiones migratorias. La cuestión de la designación de cártel pareció desaparecer con ese acuerdo.

Más recientemente, Barr volvió a plantear la idea, pero argumentó que la designación como terrorista no es suficiente.

En sus memorias y en un artículo de opinión del Wall Street Journal de marzo de 2023, Barr citó el aumento de las muertes por sobredosis de fentanilo y otras drogas en Estados Unidos como motivo para que el Congreso le diera al presidente la autoridad de utilizar el Ejército estadounidense para perseguir a los cárteles dentro de México.

Lo ideal sería que las autoridades mexicanas recibieran con agrado la ayuda limitada del Ejército estadounidense, junto con las operaciones de inteligencia y de aplicación de la ley estadounidenses, para enfrentar lo que es una amenaza narcoterrorista, escribió en el artículo del Journal. Citó como modelo a Siria, donde Estados Unidos ha utilizado la fuerza militar para perseguir a ISIS después de determinar que el Gobierno sirio había perdido el control de su territorio y no podía evitar la amenaza del grupo.

“La cabeza de la serpiente está en México, y allí es donde debemos dirigir nuestros esfuerzos”, escribió Barr en el Journal. “Según el derecho internacional, un gobierno tiene el deber de garantizar que los grupos ilegales no utilicen su territorio para llevar a cabo depredaciones contra sus vecinos. Si un gobierno no está dispuesto o no puede hacerlo, entonces el país afectado tiene el derecho de tomar medidas directas para eliminar la amenaza, con o sin la aprobación del país anfitrión”.

Incluso Barr, con su visión agresiva sobre el tema, ha tenido que enfrentarse a la realidad de la complicada relación con México.

En los últimos meses del primer gobierno de Trump, México reaccionó con enojo al arresto en 2020 por parte de Estados Unidos del exsecretario de Defensa mexicano, general Salvador Cienfuegos Zepeda. Durante un tiempo, México se negó a aprobar visas para agentes de la DEA estadounidense y suspendió la cooperación con Estados Unidos en cuestiones que abarcaban desde narcóticos hasta inmigración.

Barr se vio obligado a devolver Cienfuegos a México para salvar acuerdos más amplios que Trump consideraba más importantes, incluida la ayuda mexicana a los migrantes.

Cuando el presidente Joe Biden asumió el cargo, la relación estaba en su punto más bajo. Una serie de altos funcionarios de la administración Biden, incluida la vicepresidenta Kamala Harris, pasaron 2021 visitando la Ciudad de México para calmar la ira de los funcionarios mexicanos y ayudar a restablecer la cooperación en la lucha contra los cárteles.

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