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Dos mexicanos se declaran culpables en El Paso de tráfico de armas y apoyo al CJNG

EL PASO, Texas (KINT) — Dos ciudadanos mexicanos se declararon culpables de varios cargos relacionados con tráfico de drogas, tráfico de personas y armas de fuego, incluyendo un caso de apoyo material al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que Estados Unidos designó como terrorista extranjera.

De acuerdo con documentos judiciales, María del Rosario Navarro-Sánchez, de 40 años, admitió haber conspirado para proporcionar armas al CJNG, además de contratar a traficantes de personas para ingresar ilegalmente a individuos desde México hacia Estados Unidos. Algunas de las operaciones estaban relacionadas con casas de almacenamiento en El Paso donde se guardaban armas y narcóticos.

En agosto de 2023, Navarro-Sánchez negoció la compra de 20 armas tipo AK-47 y dos rifles calibre .50, con un valor total de $66,000 dólares. Las armas serían trasladadas ilegalmente a México y utilizadas en actividades relacionadas con el tráfico de metanfetamina y otras drogas hacia Estados Unidos.

Por su parte, Gustavo Castro-Medina, de 29 años, reconoció haber participado como intermediario en la compra y transferencia de las armas. También admitió un incidente ocurrido en noviembre de 2020, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron 36.36 kilogramos de metanfetamina ocultos en un Nissan Sentra durante una inspección en Sierra Blanca, Texas.

Los dos acusados fueron inicialmente procesados en abril de 2025 y posteriormente fueron trasladados desde México a Estados Unidos para enfrentar los cargos.

Navarro-Sánchez se declaró culpable de posesión de metanfetamina con intención de distribuirla, conspiración para tráfico de armas, conspiración para introducir personas ilegalmente al país y conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

Castro-Medina se declaró culpable de posesión de metanfetamina con intención de distribuirla y conspiración para tráfico de armas.

Ambos enfrentan una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua. Las fechas de sentencia todavía no han sido establecidas.

La investigación estuvo a cargo del FBI, DEA, ATF y Homeland Security Investigations, con apoyo de la Patrulla Fronteriza y autoridades mexicanas.

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