EL PASO, Texas — El intento para destituir a la representante del Distrito 4, Cynthia Boyar Trejo, llegó a tribunales después de que la Ciudad de El Paso y los organizadores de la campaña discreparan sobre cuántas firmas eran necesarias para llevar el proceso de revocación a las urnas.
La Secretaría Municipal validó 897 firmas de las entregadas por la campaña. Los organizadores sostienen que necesitaban al menos 786, mientras que la Ciudad establece un requisito de 4,233.
La diferencia surge de qué elección se utiliza para calcular el 20% de firmas requerido para una revocación.
La Ciudad utiliza los 21,162 votos emitidos en la elección general del 5 de noviembre de 2024. El 20% representa aproximadamente 4,233 firmas.
Los organizadores utilizan los 3,929 votos de la segunda vuelta del 14 de diciembre de 2024, cuando Boyar Trejo derrotó a Joe Molinar y resultó electa. El 20% representa aproximadamente 786 firmas.
La controversia ahora será resuelta en tribunales.
Carta Municipal contra Ordenanza 8066
La Carta Municipal de El Paso establece que una petición de revocación debe reunir firmas de votantes registrados equivalentes a por lo menos el 20% de los votos emitidos en la elección del funcionario cuya destitución se solicita.
Los organizadores sostienen que ese lenguaje se refiere a la segunda vuelta de diciembre, debido a que fue entonces cuando Boyar Trejo resultó electa.
La Ciudad aplica además la Ordenanza Municipal 8066, que establece que los votos emitidos en una segunda vuelta no deben utilizarse para determinar ese 20%.
Joshua Dagda, residente del Distrito 4 y uno de los principales organizadores del proceso, presentó una demanda contra la Ciudad el 17 de agosto, identificada con el número de causa 2026DCV4089, para impugnar esa interpretación.
Brian Kennedy, abogado que representa a Dagda, sostiene que una ordenanza municipal no puede modificar lo establecido en la Carta de la Ciudad.
“La Carta de El Paso dice que tienes que utilizar el 20% de la elección en la que la persona fue electa”, dijo Kennedy a Noticias El Paso. “La Ciudad tiene una ordenanza que dice que tienes que utilizar la elección general de noviembre”.
Kennedy comparó la Carta Municipal con la constitución de la Ciudad.
“No puedes simplemente crear una ley que vaya en contra de la constitución de la ciudad”, agregó.
Según Kennedy, la Ordenanza 8066 está vigente desde 1984 y, hasta donde tiene conocimiento, ésta sería la primera impugnación judicial contra esa disposición.
Será un juez quien determine qué interpretación legal prevalece.
De más de mil firmas, 897 fueron validadas
La demanda llega después de aproximadamente dos meses de recolección de firmas en el Distrito 4.
Dagda dijo que los voluntarios organizaron puntos de recolección y recorrieron vecindarios casa por casa desde junio.
“Nos juntamos, hicimos un plan exactamente de qué era lo que queríamos hacer, cuáles eran nuestras metas”, explicó. “Íbamos a los vecindarios de las personas y les tocábamos en las puertas de las casas”.
La campaña entregó más de mil firmas para su revisión. Finalmente, 897 fueron consideradas válidas, de acuerdo con la determinación de la Secretaría Municipal compartida por los organizadores.
Eso deja el proceso en dos escenarios:
Interpretación de la Ciudad: 4,233 requeridas — 897 válidas.
Interpretación de los demandantes: 786 requeridas — 897 válidas.
El origen del intento de revocación
El movimiento comenzó después de la votación del Ayuntamiento del 9 de junio relacionada con el centro de datos de Meta en el noreste de El Paso.
Ese día, el Concejo Municipal consideró una propuesta para iniciar negociaciones encaminadas a terminar el acuerdo de incentivos económicos del Capítulo 380 y contratos relacionados con Wurldwide LLC y Meta Platforms Inc.
Más de 200 personas participaron en los comentarios públicos, muchas de ellas para manifestar preocupaciones por el posible impacto del proyecto sobre el agua, la electricidad, el ruido y la infraestructura.
Boyar Trejo votó en contra de la propuesta.
Dagda sostiene que ese voto fue una de las principales razones para iniciar el proceso de revocación.
“Lo que queremos es que tengamos un representante que nos represente a la gente, que no represente a corporaciones y que recuerde quiénes fueron las personas que votaron por ellos”, dijo.
Boyar Trejo ha defendido anteriormente su decisión. En junio explicó que el punto sometido a votación buscaba iniciar negociaciones para terminar, no simplemente renegociar, el acuerdo.
También sostuvo que asesores legales de la Ciudad habían advertido sobre posibles daños de entre 370 y 760 millones de dólares, con responsabilidades que podrían superar los mil millones, si la Ciudad intentaba romper el contrato.
La representante dijo entonces que Meta debía rendir cuentas, pero que cualquier acción debía realizarse “legal, responsable y colaborativamente”.
¿Qué sigue en tribunales?
Kennedy explicó que la demanda es un caso civil. Una vez que la Ciudad responda formalmente, se establecerá una fecha para que las partes presenten sus argumentos ante el tribunal.
Los organizadores esperan obtener una resolución con suficiente tiempo para que, en caso de ganar, el proceso pueda avanzar hacia las elecciones de noviembre.
“Esperábamos poder resolver esto para noviembre”, dijo Kennedy. “Pero veremos cuál es el calendario y qué tan rápido pueden responder los tribunales”.
Si el tribunal determina que debe utilizarse la segunda vuelta, las 897 firmas superarían las 786 que los demandantes consideran necesarias.
Si determina que debe mantenerse el cálculo de la Ciudad, la petición no alcanzaría las 4,233 firmas requeridas bajo la Ordenanza 8066.
Kennedy dijo que, ante una decisión adversa, evaluarían presentar una apelación ante un tribunal superior.
Boyar Trejo: “Esperaré a ver qué decide el tribunal”
Noticias El Paso solicitó una declaración a Boyar Trejo sobre la demanda y las firmas verificadas.
La representante dijo que respetará el proceso judicial y señaló que, al momento de responder, la Ciudad todavía no había sido notificada formalmente de la demanda.
Su declaración completa, traducida al español, dice:
“Respeto el proceso legal y el derecho de los residentes a hacer escuchar sus voces. Entiendo que se ha presentado una demanda relacionada con la petición de revocación. Sin embargo, la Ciudad todavía no ha sido notificada formalmente.
Una vez que se reciba la notificación correspondiente, el equipo legal de la Ciudad revisará el asunto y responderá mediante el proceso adecuado.
No especularé sobre el resultado y esperaré a ver qué decide el tribunal. Mientras tanto, mi enfoque continúa siendo servir a los residentes del Distrito 4 y hacer el trabajo para el cual fui electa.”
La demanda deja ahora en manos del tribunal la pregunta que determinará el futuro inmediato del proceso: si el requisito debe calcularse con la elección general del 5 de noviembre o con la segunda vuelta del 14 de diciembre en la que Boyar Trejo resultó electa.
Fuente original: Noticias El Paso
25 Aug, 2026
