Ruy Mireles Law
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Data centers generan dudas por consumo de agua, energía e incentivos fiscales en Reno

HUTCHINSON, Kansas — 9 de septiembre de 2026. Más de 200 residentes se reunieron la noche del martes en Hutchinson para debatir qué podría significar la llegada de grandes data centers para esta ciudad y otras comunidades del condado de Reno.

El encuentro buscó informar a la población sobre una industria que está creciendo rápidamente, pero también escuchar qué condiciones, límites y garantías quieren los residentes antes de que las autoridades autoricen algún proyecto.

“Esta no es la única conversación, pero es la primera”, expresó Jason Probst, uno de los organizadores de la reunión.

La comunidad participó mediante votaciones anónimas

En lugar de utilizar el formato tradicional de micrófono abierto, los organizadores recurrieron a una encuesta anónima en vivo. Los participantes respondieron preguntas en tiempo real y los resultados aparecieron inmediatamente en una pantalla.

Probst explicó que el mecanismo pretendía obtener opiniones sinceras y evitar que el encuentro se convirtiera en una confrontación entre quienes apoyan y quienes cuestionan el desarrollo de estas instalaciones.

La discusión se produce mientras distintas regiones rurales del país evalúan propuestas para construir data centers, instalaciones que albergan servidores y otros equipos informáticos necesarios para almacenar, administrar y procesar información digital.

Según Probst, cerca del 67% del futuro desarrollo de estos complejos podría concentrarse en zonas rurales. Ese crecimiento plantea oportunidades de inversión, pero también interrogantes sobre la capacidad de las comunidades para asumir sus demandas de infraestructura.

Un proyecto de 2,200 acres genera atención

El senador estatal Mike Murphy, representante de los condados de Reno, Kingman y Barber, mencionó como ejemplo un proyecto propuesto cerca de Sharon, en el condado de Barber.

De acuerdo con Murphy, el plan recibió una aprobación inicial y ocuparía aproximadamente 2,200 acres. La propuesta contempla dos edificios de grandes dimensiones, cada uno con una longitud aproximada de media milla.

La magnitud del proyecto aumentó las inquietudes sobre el uso del suelo, el consumo de agua y la cantidad de electricidad necesaria para mantener en funcionamiento las instalaciones.

Agua y energía entre las mayores preocupaciones

Los asistentes preguntaron cómo una demanda elevada de recursos podría afectar a viviendas, comercios, agricultores y otros usuarios. También plantearon dudas sobre cambios en el paisaje rural y posibles consecuencias para la calidad de vida.

Durante la reunión se identificaron cinco temas que las comunidades deberían estudiar antes de autorizar nuevos proyectos: transparencia y comunicación; disponibilidad de agua y energía; calidad de vida; uso del suelo e impacto ambiental; y desarrollo económico.

Incentivos fiscales abren otro debate

La conversación también abordó la Ley del Senado 98, aprobada en Kansas en 2025. La legislación creó incentivos tributarios para proyectos de data centers que cumplan determinados requisitos.

Los desarrollos elegibles pueden recibir durante un máximo de 20 años una exención de ciertos impuestos estatales y locales sobre ventas y uso relacionados con compras autorizadas para el proyecto.

Ese beneficio provocó preguntas sobre cuánto dinero podrían dejar de recibir las comunidades y si los empleos, inversiones u otras ventajas económicas compensarían la pérdida de ingresos fiscales.

Murphy señaló que, considerando el panorama general, los puestos de trabajo justificarían los incentivos. Sin embargo, integrantes del público respondieron rápidamente que no estaban de acuerdo.

Los residentes también preguntaron qué ocurriría con los terrenos, la infraestructura y los recursos públicos invertidos si uno de estos proyectos no logra operar como estaba previsto.

Hutchinson estudia nuevas reglas

La concejal de Hutchinson Stacey Goss habló sobre los esfuerzos de la ciudad para preparar normas de zonificación y otras políticas antes de que una propuesta concreta llegue al Concejo Municipal.

Entre las alternativas discutidas figura una moratoria, es decir, una suspensión temporal de ciertos desarrollos mientras las autoridades determinan qué reglas deberán cumplir.

Por ahora, no se tomó una decisión definitiva. Los organizadores recalcaron que el objetivo era iniciar un proceso público que permita evaluar los beneficios y riesgos antes de comprometer recursos, conceder exenciones o modificar el uso de grandes extensiones de terreno.

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