Ruy Mireles Law
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Condado de San Diego limita entrenamientos con armas de ICE en instalaciones locales

La Junta de Supervisores del Condado de San Diego aprobó una medida para limitar el uso de instalaciones del condado para los entrenamientos con armas de fuego de agentes de ICE y CBP.

La decisión fue aprobada con tres votos a favor y dos en contra y fue impulsada por las supervisoras Terra Lawson y Paloma Aguirre. La medida generó opiniones divididas entre autoridades fronterizas, representantes empresariales y funcionarios del condado.

“Es muy importante para nuestra comunidad que vean que no estamos utilizando sus recursos, sus impuestos, en apoyar una dependencia que ha demostrado que solo quiere aterrorizar a nuestras comunidades”, dijo la supervisora Paloma Aguirre.

El condado mantenía acuerdos con ICE y CBP que permitían a ambas agencias utilizar el Centro Regional de Entrenamiento en Armas de Fuego de San Diego, ubicado en Alta Road, en Otay Mesa. Desde 2024, las dos agencias acumularon alrededor de 3 mil 350 horas de uso de estas instalaciones.

Aguirre argumentó que permitir estos entrenamientos contradice una ordenanza del condado que limita el acceso de las agencias federales de inmigración a determinadas instalaciones sin una orden judicial.

“Sería muy hipócrita de nosotros permitirles a estas dependencias de ICE y CBP hacer el tiro de práctica de armas de fuego entre semana y los fines de semana conducir redadas por todas nuestras comunidades”, señaló Aguirre.

La supervisora también cuestionó que recursos locales sean utilizados para apoyar a agencias que realizan operativos migratorios en comunidades del condado.

Mientras los promotores de la medida aseguran que busca proteger los recursos del condado, autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) advierten que la decisión podría tener repercusiones en las operaciones fronterizas.

Sidney Aki, director de Operaciones de Campo de CBP, explicó que los cambios podrían obligar a extender las jornadas de entrenamiento.

“Nuestras jornadas de capacitación se ampliarán de un solo día a dos o tres, y los agentes serán retirados de las operaciones para llevar a cabo la formación adecuada y obligatoria”, explicó Aki.

La agencia advierte que retirar agentes de las operaciones para cumplir con los entrenamientos podría traducirse en mayores tiempos de espera en los cruces fronterizos.

La preocupación también alcanza al sector empresarial de la región, debido a la importancia del comercio y los cruces fronterizos entre San Diego y Tijuana.

De acuerdo con los datos presentados durante la reunión, más de 225 mil personas ingresan diariamente a Estados Unidos a través de los puertos de entrada de San Diego. Entre ellos se encuentran más de 90 mil vehículos, 50 mil peatones y alrededor de 5 mil camiones comerciales.

Kenia Zamarripa, de la Cámara de Comercio de San Diego, señaló que los retrasos en la frontera pueden tener un impacto significativo en la economía regional.

“Existen estudios ya diversos que calculan que es una pérdida de dos mil millones de dólares anuales como región, y este número es antes del COVID, seguramente es más”, indicó Zamarripa.

En mayo, ICE informó que sus agentes habían detenido a más de 16 mil personas en el Condado de San Diego entre el 20 de enero y el primero de abril.

La medida aprobada por los supervisores busca impedir que las instalaciones locales sean utilizadas para prácticas de armas de fuego por parte de agencias federales de inmigración, en un contexto de mayor actividad de operativos migratorios en la región.

Aguirre también señaló que más de 2 mil agentes que anteriormente desempeñaban funciones relacionadas con la prevención del tráfico de drogas y personas fueron destinados a realizar operativos migratorios.

Aunque la Junta de Supervisores aprobó la medida, la jefa del alguacil del Condado de San Diego, Kelly Martínez, informó que su departamento terminó su contrato con ICE. Sin embargo, el departamento permitirá que CBP continúe realizando sus entrenamientos, con el objetivo de evitar que la decisión contribuya a incrementar aún más los tiempos de espera en los cruces fronterizos.

El condado tiene ahora 10 días para notificar formalmente a ICE sobre la decisión.

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