San Diego, CA – La tarde del miércoles, varios miembros de la comunidad asistieron a la reunión del Comité de Seguridad Pública de la Ciudad de San Diego, aunque el tema que los llevó hasta allí no estaba incluido en la agenda.
Los residentes acudieron para mostrar su respaldo a una campaña de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, que busca que la ciudad elimine el uso de cámaras automatizadas de lectura de matrículas, conocidas como ALPR, y cancele los contratos relacionados con esta tecnología.
“No hay seguridad con Flock y tienen que detener Flock ahora”, dijo un residente durante la reunión.
La ACLU de San Diego lanzó una petición para exigir que la ciudad y el alcalde Todd Gloria cancelen los contratos con las empresas involucradas en esta tecnología, incluida Flock, que opera el sistema de lectores automatizados de matrículas.
“Las personas de la comunidad han salido abrumadoramente a apoyar la cancelación de estos contratos y la eliminación de estas cámaras, y nuestros funcionarios electos, por un estrecho margen, no están escuchando”, dijo Frederick Crowell, de ACLU San Diego.
El Departamento de Policía de San Diego sostiene que esta tecnología es esencial para reducir el robo de vehículos y ayudar en investigaciones criminales.
Sin embargo, organizaciones comunitarias cuestionan su efectividad y señalan posibles riesgos para la privacidad.
“Tenemos pruebas y datos de que esas cámaras y este tipo de vigilancia no previenen ningún crimen. Es más, solamente ayudan en menos del 1% de las investigaciones, que resultan con alguna acción. La tecnología es muy peligrosa porque no siempre es correcta, comete muchos errores y hay muchos, muchos peligros para nuestra comunidad”, dijo Patricia Mondragón, de Alianza San Diego.
La ACLU sostiene que las cámaras permiten a las autoridades recopilar información sobre los vehículos que circulan por la ciudad y plantea preocupaciones sobre la privacidad y la vigilancia.
“Este es un problema de toda la comunidad y estamos formando coaliciones para oponernos a estas cámaras realmente, realmente invasivas que, francamente, violan la Constitución de California”, dijo Crowell.
Crowell también cuestionó la posibilidad de que los datos recopilados puedan utilizarse para identificar patrones de movimiento.
“Todo lo que hace una persona queda registrado en ese patrón. Las autoridades policiales y cualquier otra persona a quien le vendan la información pueden acceder a ella en cualquier momento”, dijo.
La Policía de San Diego asegura haber implementado medidas de seguridad para prevenir el abuso del sistema de cámaras. La organización, sin embargo, cuestiona si esas medidas son suficientes para impedir que la información sea utilizada para crear patrones de movimiento de una persona.
Además de las preocupaciones sobre privacidad, los grupos que se oponen a la tecnología cuestionan su costo.
“Nos cuesta 2 millones de dólares cada año para tener esta tecnología que ni siquiera hace casi nada por nuestras comunidades. Esos son 2 millones de dólares que podemos invertir en nuestras comunidades”, dijo Mondragón.
De acuerdo con Flock Off, una organización que busca crear conciencia sobre esta tecnología, hay aproximadamente 1,769 cámaras en el condado de San Diego.
La ACLU afirma que más de 55 comunidades en el país han cancelado contratos con Flock, suspendido programas de ALPR o desactivado las cámaras. La organización busca que San Diego se una a ellas.
“Estamos creando muchos más riesgos para la seguridad pública al mantener estas cámaras instaladas”, dijo Crowell.
Hasta el momento, la ACLU ha recolectado 2,000 firmas como parte de la petición. La organización dice que continuará con la campaña con la esperanza de que los líderes de San Diego escuchen sus argumentos y reconsideren el uso de estas cámaras.
Fuente original: Noticias San Diego
19 Aug, 2026
