Colorado busca detener la transformación de una antigua prisión en Hudson en un centro privado de detención migratoria con capacidad para 1,200 personas. El fiscal general del estado, Phil Weiser, anunció una demanda federal que cuestiona la falta de una evaluación ambiental antes de renovar y poner en funcionamiento las instalaciones.
El proyecto, conocido como Bighorn, ocuparía el antiguo Hudson Correctional Facility, ubicado aproximadamente a 30 millas al noreste de Denver. Según explicó Weiser durante una conferencia de prensa virtual, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunciaron un contrato de cinco años, por más de 500 millones de dólares, con la empresa GEO Group para renovar y operar el centro.
La Fiscalía sostiene que las agencias federales no realizaron el proceso de revisión pública y ambiental necesario para evaluar las consecuencias de las obras y de la operación del establecimiento. Según Weiser, el estado tampoco tiene conocimiento de una determinación que exima al proyecto de ese requisito.
Entre las preocupaciones mencionó la capacidad del suministro de agua potable, el tratamiento de aguas residuales, las carreteras y los posibles efectos del tráfico y las emisiones. También señaló riesgos para corredores de migración de venados, hábitats acuáticos y especies sensibles, recogidos, según explicó, en una declaración jurada de un funcionario de Colorado Parks and Wildlife.
La demanda alega violaciones a la Ley Nacional de Política Ambiental, la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Colorado solicita que el tribunal anule el contrato y emita una orden preliminar para detener las obras e impedir la apertura mientras el gobierno federal cumple con las obligaciones legales señaladas.
La pregunta de Noticias Aspen: ¿cómo proteger a las personas detenidas?
Durante la conferencia, Samuel Bernal, de Noticias Aspen, preguntó qué puede hacer el estado para investigar las denuncias sobre las condiciones del centro de detención de Aurora y evitar que se repitan en Hudson.
Weiser respondió que Colorado tiene la autoridad legal y la obligación de realizar inspecciones de salud pública, aunque señaló que esa facultad es objeto de otro litigio.
“Vamos a seguir defendiendo esa facultad y ejerciéndola, ya sea en las instalaciones de Aurora o, si alguna vez llega a existir un centro de ese tipo en Hudson, también allí”, afirmó, en traducción del inglés.
Previamente, el fiscal había señalado problemas en Aurora relacionados con un caso de tuberculosis, la alimentación, el aire acondicionado y la atención médica. Esas afirmaciones fueron presentadas por Weiser durante la conferencia; la transcripción no incluye una respuesta de ICE o de GEO Group a esos señalamientos.
La demanda no equivale a una orden de cierre
Weiser explicó que el resultado de las revisiones podría determinar que el proyecto no es viable o simplemente retrasar su apertura, si su operación logra justificarse bajo los requisitos correspondientes.
El fiscal también aseguró que su oficina recibió más de 6,000 quejas sobre el proyecto, una de las mayores cantidades de comentarios públicos que ha recibido sobre un solo asunto.
El anuncio de la demanda no significa que un juez ya haya detenido las obras. La solicitud de Colorado busca que el tribunal ordene esa suspensión mientras se resuelven los cuestionamientos legales.
Fuente original: Noticias Aspen
29 Sep, 2026
