ANÁLISIS | Trump soportará la vergüenza de una sentencia penal tras el fracaso de su último recurso ante la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos no ayudó a Donald Trump… esta vez.

La decisión de la corte, 5-4, este jueves de denegar el último esfuerzo del presidente electo para retrasar la sentencia en su caso de pago de dinero por silencio en Nueva York, establece un momento sorprendente: una audiencia judicial este viernes, a solo 10 días de que Trump sea investido para un segundo mandato.

El juez Juan Merchan ya dijo que no impondrá una pena de cárcel. Pero la audiencia de sentencia significará, sin embargo, que Trump será el primer presidente en asumir el cargo con una condena penal inscrita en su registro oficial.

La proximidad de la sentencia a la toma de posesión de Trump creará una asombrosa yuxtaposición. Será un acusado sometido a la autoridad de un juez y al veredicto de un jurado que en pocos días asumirá los vastos poderes de la presidencia y se convertirá en el guardián último de las leyes de la nación y de la Constitución.

Las palabras “sin precedentes” se han desgastado hasta convertirse en un cliché por los increíbles giros de la vida de Trump, sus campañas presidenciales y su primer mandato en la Casa Blanca. Pero este viernes volverá a hacer historia, después de una campaña en la que desafió cuatro acusaciones penales para ganar un segundo mandato.

Trump no estará en la audiencia en la misma sala de Nueva York donde fue condenado el año pasado, sino que se unirá virtualmente desde su casa en Florida, dijo una persona familiarizada con el asunto a Kaitlan Collins de CNN.

La derrota en la Corte Suprema supuso un raro revés para la estrategia de Trump de tratar de retrasar sus casos penales con múltiples apelaciones; que utilizó en sus casos federales para ganar tiempo hasta que pudiera usar su autoridad ejecutiva para frustrarlos. Por supuesto, para que esto funcionara tenía que cumplir su parte del trato y ganar las elecciones.

Si la Corte Suprema de Justicia hubiera fallado en sentido contrario en este caso, habría envalentonado a los críticos que argumentan que la Corte facilitó los intentos de Trump de retrasar la rendición de cuentas después de tardar semanas en pronunciarse sobre sus reclamaciones de inmunidad general el año pasado y luego concederle una protección significativa para los actos oficiales. Esa decisión ralentizó los casos federales, lo que le permitió tener éxito en evitar que los juicios tuvieran lugar antes de las elecciones.

El fallo de este jueves –en el que dos conservadores se pusieron del lado de los jueces progresistas– puede tranquilizar en cierta medida a quienes creían que las decisiones de la Corte habían puesto en entredicho la idea de que todos los estadounidenses, independientemente de su posición en la vida, son iguales ante la ley. Pero no aplacará la ansiedad generalizada entre los progresistas de que la mayoría conservadora que Trump construyó en su primer mandato muestre una deferencia considerable hacia el comandante en jefe en una segunda administración que puede poner a prueba el Estado de derecho y la Constitución más que la primera.

El presidente electo atacó a Merchan tras conocerse la decisión de la Corte Suprema este jueves por la noche. “Vamos a apelar de todos modos, solo psicológicamente, porque francamente es una vergüenza. Es un juez que no debería haber estado en el caso”, dijo Trump a los periodistas en su club de Mar-a-Lago. “Así que haré lo mío mañana, ellos pueden divertirse con su oponente político (…) esto está muy lejos de terminar”.

El presidente electo registró furia e incredulidad sobre su difícil situación durante una conferencia de prensa en Mar-a-Lago a principios de esta semana, cuando parecía preocupado por el impacto de la inminente sentencia en su dignidad.

“Soy el presidente electo de Estados Unidos. Soy un expresidente de mucho éxito”, dijo Trump, quejándose de que era víctima de un “juez que trabaja muy duro para intentar avergonzarle”.

Puede que Trump no necesitara más incentivos para utilizar sus poderes como presidente para vengarse de lo que, según él, es la instrumentalización de la justicia en su contra. Pero la sentencia podría refrescar su sentimiento de agravio justo antes de asumir el poder.

Trump fue condenado en mayo por 34 cargos de falsificación de registros de negocios sobre los pagos a su entonces abogado Michael Cohen para reembolsar un pago de US$ 130.000 por silencio hecho a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels con el fin de evitar que hablara sobre una supuesta aventura antes de las elecciones de 2016. Trump se declaró inocente en el caso y negó el affaire.

Los dos conservadores que se unieron a los progresistas fueron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts, y la jueza Amy Coney Barrett, nombrada por Trump en su primer mandato. Roberts verá cara a cara a Trump el día de la investidura, el 20 de enero, ya que se espera que presida el juramento. Otros cuatro conservadores habrían accedido a la petición de Trump de retrasar la sentencia, incluido el juez Samuel Alito, que se enfrentó a peticiones demócratas para que se recusara tras una reciente llamada telefónica con Trump sobre lo que dijo que era un asunto no relacionado.

La mayoría sostuvo que ninguno de los motivos para una suspensión tenía mérito, diciendo que las quejas de Trump sobre supuestas violaciones de las pruebas podrían tratarse en el curso ordinario de sus apelaciones. También desestimó la alegación de los abogados de Trump de que la sentencia supondría una carga para sus responsabilidades como presidente electo, alegando que Merchan declaró que tiene intención de condenarlo a una baja incondicional.

En otro giro inusual de una asombrosa saga legal, Trump eligió a dos de sus abogados que presentaron el recurso ante el máximo tribunal, Todd Blanche y D. John Sauer, para que ocupen los cargos de secretario adjunto de Justicia y procurador general, respectivamente, en su nueva administración.

El caso de pago de dinero por silencio presentado por el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, fue considerado durante mucho tiempo como el más débil de los cuatro asuntos penales a los que se enfrentó Trump en el periodo previo a las elecciones, pero fue el único que llegó a una conclusión.

• La jueza Tanya Chutkan desestimó el caso de interferencia electoral federal contra Trump después de que el abogado investigador Jack Smith concluyera, en línea con las directrices del Departamento de Justicia tras las elecciones de noviembre, que un presidente en funciones no puede ser procesado.
• La otra acusación de Smith contra Trump –sobre el supuesto acaparamiento de documentos clasificados en su casa de Florida– naufragó después de que la jueza Aileen Cannon, nombrada por Trump, desestimara el caso al dictaminar que su nombramiento como abogado especial violaba la Constitución. Trump elogió esta semana a Cannon como “muy brillante” y “dura”.
• Una cuarta acusación, por presunta interferencia en las elecciones de 2020 en Georgia, está en el limbo después de que un tribunal de apelaciones descalificara a la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, por apariencias de impropiedad en su relación romántica pasada con uno de sus colegas fiscales en el caso.

La decisión de este jueves puede no poner fin a los asuntos de Trump ante una Corte Suprema de Justicia que ha sido llamada en repetidas ocasiones a actuar para abordar las cuestiones constitucionales planteadas durante y después de una primera administración que hizo añicos las normas de conducta presidencial.

Eso es porque el presidente electo perdió otra batalla legal este jueves después de que un tribunal federal de apelaciones se negó a impedir que el Departamento de Justicia publicara el informe final de la investigación de Smith.

El Tribunal de Apelaciones del 11º Circuito de EE.UU. dejó en suspenso durante tres días la publicación del informe por parte del Departamento de Justicia, lo que podría dar tiempo a más apelaciones.

Se espera que Trump, una vez más, pida a la Corte Suprema de Justicia que intervenga.

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